La Cámara Nacional de Acuacultura, en representación del sector camaronero ecuatoriano, cuestiona la crisis energética en la que se encuentra el país por falta de acciones de parte del Gobierno. Esta medida impacta directamente en la productividad y operaciones de toda la cadena del camarón, ocasionando graves pérdidas económicas.
Para ejemplificar el impacto económico que está generando la situación, basta con considerar el efecto en uno de los eslabones críticos de la cadena: las plantas de procesamiento de camarón; cuando estas instalaciones se ven obligadas a detener sus operaciones las estimaciones de la CNA apuntan a pérdidas de más de USD 3 millones de dólares diarios.
De igual forma, en el caso de las fábricas encargadas de producir alimento balanceado para camarón, la paralización de equipos al momento de las restricciones del servicio eléctrico producirá perdidas por USD 1 millón diario.
Entre estos dos rubros, la afectación económica asciende a más de 4 millones de dólares diarios. Esto sin considerar otros eslabones de la cadena, los cuales también se ven afectados en sus operaciones y ventas. La magnitud de estas pérdidas subraya la urgente necesidad de tomar medidas efectivas para mitigar el impacto negativo en la industria acuícola.
“En un mes, el sector camaronero habrá perdido casi USD 150 millones de dólares en exportaciones y en producción interna de diversos insumos, así como el riesgo de pérdida del camarón sembrado en piscinas que usan sistemas de bombeo y aireación eléctricos. Esta crisis requiere de acciones urgentes, pero también de determinar a los responsables de la negligencia que nos ha puesto en esta situación para que sean debidamente sancionados” apuntó José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.
La CNA reclama al Gobierno a tomar acciones decisivas para garantizar un suministro eléctrico estable y confiable para la industria de la acuacultura para evitar que esta crisis económica se agrave. La Cámara se encuentra dispuesta a colaborar estrechamente con las autoridades y otras partes interesadas para encontrar soluciones que protejan a esta industria vital y a los 290,000 empleos que dependen de ella.
