Fiscalía, con apoyo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) y la Policía Nacional, allanó las oficinas de un centro médico, ubicado en el centro norte de Quito, donde se encontraron 154.800 pruebas para detección de Covid-19 que no cuentan con registro sanitario.
El establecimiento tampoco tiene permisos de funcionamiento, ni RUC y no cumple con las condiciones adecuadas de almacenamiento para dichas pruebas.
Además, en Arcsa no se hallaron registros con esa dirección.
Con base en los indicios recabados, se determinó, junto a dicha Agencia, que la falta de registro sanitario en el envase, facilita la importación y comercialización de las pruebas de detección de Covid-19.
Se incautaron 258 cajas, cada una con 600 pruebas en su interior, además de documentación relacionada con el esposo de la sentenciada (en varios procesos penales) María Sol L.
Fiscalía fijó en cadena de custodia este material y valorará la respectiva apertura de una investigación.
Otros procesos
María Sol L. fue sentenciada en dos ocasiones por tráfico de influencias: en 2017, por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en varias unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y, en 2018, por irregularidades en un contrato para la adquisición de medicamentos de esa entidad.
Por cada uno de estos casos recibió un año de privación de libertad.
Además, pese a que fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de peculado, un Tribunal dispuso su libertad.
Fuente: Fiscalía General del Estado
