La prefecta Susana González anunció para este 4 de diciembre la audiencia de apelación por acción de protección en el caso de la multa a Conorte por USD 21’598.310,31.
Desde el 25 de junio de 2020 en que asumió el cargo de Prefecta del Guayas, Susana González ha recibido mensualmente, de parte de las concesionarias viales, notificaciones de cobro por diferencia tarifaria.
“Con nuestro equipo técnico hemos validado que los ingresos reales son mayores que los proyectados y los egresos reales son menores que los proyectados por las concesionarias. Por lo tanto, por justicia, por derecho, la provincia tiene que tener transparentada esta información”, expresó Susana González en una rueda de prensa, este jueves 3 de diciembre.
Por ello, de acuerdo a los contratos suscritos en 1998, la primera autoridad de la provincia planteó ir al Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero (REEF), cuyo objetivo es transparentar las cifras de ingresos y egresos de las concesiones viales. Los contratos garantizan una tasa interna de retorno del 15% para Concegua y 18% para Conorte.
“Hace pocos días procedí a notificar a las concesionarias, y en eso deben estar de acuerdo las partes, en que debemos revisar las cifras ya que han pasado ocho años del último REEF”. Las seis ocasiones en que ambas concesionarias solicitaron la revisión del REEF fueron en 1999, 2002, 2004, 2005, 2009 y 2012.
Entre las causas para un restablecimiento del equilibrio económico constan fuerza mayor, actos de autoridad de no cobro tarifario -los cuales se dieron por la pandemia-, variación de índices macroeconómicos por la situación del país y nuevas obras. De estos, tres causales se cumplen para la revisión.
Situación Jurídica con las concesionarias
Además, Susana González anunció para este viernes 4 de diciembre, a las 08h00 en la Corte de Justicia del Guayas, la audiencia de segunda instancia para resolver la apelación presentada por la Prefectura a la sentencia del juez Denis Ugalde, que declaró con lugar la acción de protección presentada por Conorte.
Dicha acción correspondió a la multa impuesta por la Prefecta del Guayas a la concesionaria USD 21’598.310,31 por obras no ejecutadas en las vías Nobol-La Cadena y Guayaquil-El Empalme.
Susana González informó que nueve de once acciones de protección fueron declaradas improcedentes. “14 jueces en estas nueve resoluciones, en tres de las cuales participaron Tribunales, se han pronunciado a favor de los usuarios de las vías de la provincia, ratificando que no hubo vulneración de derechos, que nos acogimos a la libertad de contratación, se garantizó el debido proceso y la seguridad jurídica”.
La aplicación de multas de parte de la Prefectura ha generado que actualmente las dos concesionarias tengan más de 18 frentes de trabajo en la provincia, ejecutando obras que debieron realizar tiempo atrás por cuyo incumplimiento fueron sancionadas de acuerdo a los contratos.
También fue apelada la resolución del juez Andrés García en el caso de la acción de protección de Conorte por una multa de USD 1´120.000 por incumplimiento de disposiciones en la vía Nobol-La Cadena.
El reiterado incumplimiento de contrato de concesiones viales llevó a la Prefectura del Guayas, previo al informe de la Unidad de Concesiones, a aplicar once multas que suman que USD 38’361.857,24.
