La RESOLUCIÓN DEL CES (RPC-SO-26 No. 581-2020, de 16 de diciembre de 2020), por la que PRORROGA el plazo de la INTERVENCIÓN integral de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, hasta el 31 de agosto de 2021 es un monumento a la más tosca y laberíntica leguleyada que intenta confundir entre «prórroga» y «ampliación», no resiste ni el más elemental análisis jurídico ni fáctico, está falsa e insuficientemente motivada y es sin duda, el más brutal e ignominioso atentado contra los principios constitucionales y derechos fundamentales inherentes a la autonomía, la autodeterminación, la libertad, el cogobierno, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros, consustanciales a la vida universitaria.
El CES, como órgano del poder público estatal, llamado por mandato constitucional, a respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución, los vulnera impúdicamente y se burla de la Universidad de Guayaquil, de la dignidad del pueblo a la que ésta pertenece y de la dignidad de la comunidad universitaria en su conjunto, docentes, estudiantes y trabajadores, y lo hace no para dar cumplimiento a ningún «plan de intervención» ni para culminar una supuesta «regularización»de la Universidad de Guayaquil, sino para favorecer los intereses de la élite político empresarial que tiene capturada a nuestra Alma Mater desde el 15 de octubre de 2018.
¡¡¡A RESISTIR!!! Activaremos las garantías jurisdiccionales de los derechos conculcados y exigiremos su reparación integral, El actual régimen interventor, ilegítimo en su origen e ilegítimo en su ejercicio, culmina inexorablemente el 9 de enero de 2021 y no puede ni debe quedarse ni un día más, que quede claro, ¡¡¡ni un día más!!!