Justo pasadas las 14:00 horas de ayer (30 de junio de 2022), ha llegado el momento que los ecuatorianos han estado esperando. La llamada ley de paz fue firmada por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador (Conaie), otros líderes indígenas y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en representación de Orden Público.
El gobierno ecuatoriano tiene 90 días a partir de este viernes para cumplir con el acuerdo alcanzado con el movimiento indígena para poner fin a las protestas antigubernamentales por el costo de vida y atender las demandas restantes en el país.
Apenas un día después de la firma del Acta de Paz, que puso fin a dieciocho días consecutivos de movilización, el albacea del presidente Guillermo Lasso comenzó a implementar lo acordado. Las primeras acciones de Lasso son aclarar los dos puntos centrales del acuerdo del viernes, reducir el combustible subsidiado y derogar la ley favorable al petróleo.
Por eso, el presidente de Ecuador rebajó en 15 centavos por dólar el precio de la gasolina congelada de 85 octanos y del diésel, que costarían $2,40 y $1,75 por galón, respectivamente (3,78 litros).
Las organizaciones campesinas e indígenas campesinas promotoras de las protestas finalmente aceptaron esta rebaja a pesar de que su pedido desde un inicio era una rebaja de $2,10 y $1,50, respectivamente, precio al que estos dos combustibles tienen un año. Lasso también se comprometió el viernes a derogar el Decreto 95 a favor de las operaciones petroleras, una de las principales necesidades del movimiento local.
Otra demanda que puso nerviosos a los indígenas y campesinos fue la derogación del Decreto 151 sobre minería, pero acordaron que el gobierno lo reformaría para que ya no hubiera concesiones mineras en las zonas mineras. Reservas naturales, tierras indígenas, sitios arqueológicos y áreas ancestrales. de los pueblos indígenas. Por eso, el levantamiento del nuevo estado de emergencia decidido por el gobierno el miércoles en las provincias andinas de Imbabura y Azuay y en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos carece de foco debido al foco de algunos cambios en los últimos días y la escasez de artículos esenciales. Esto sigue a la reconciliación entre la población indígena y el órgano de gobierno encabezado por la Conferencia de Obispos Ecuatorianos (CEE). “Los participantes acuerdan conformar una mesa de diálogo en presencia de los garantes, con una metodología determinada por las partes para dar seguimiento a los acuerdos y resolver los asuntos pendientes, presentada en 10 puntos, y con una duración de 90 días. Se garantizará la existencia de funciones estatales, en relación con los puntos discutidos”, dice una parte de la ley, leída por monseñor David de la Torre, secretario del Consejo de la Conferencia Episcopal.
Redacción: Luis Carrión Romero
