Alrededor de 20.800 personas con enfermedad renal requieren actualmente terapia de reemplazo renal en Ecuador, según estimaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos manejados por el Frente de Pacientes Renales. Para quienes han llegado a una etapa avanzada de la enfermedad, la diálisis no es opcional: es un tratamiento vital que requiere sesiones periódicas para mantener su estado de salud y preservar su vida.
Nueve de cada diez personas que requieren diálisis dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis, por lo que cualquier interrupción o dificultad en el acceso puede generar consecuencias graves. A esto se suma el crecimiento de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, principales factores de riesgo asociados con el deterioro de la función renal, lo que hace necesario reforzar las acciones que prevean la continuidad en de estas atenciones a pacientes en un sector que está en crisis.
El Ministerio de Salud Pública reconoce a la enfermedad renal crónica como un desafío de salud pública. Ecuador cuenta, además, con herramientas para su atención, entre ellas el Registro Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante (REDT), guías de práctica clínica, protocolos de derivación y un tarifario nacional para diálisis. El reto está en que estos mecanismos se traduzcan en una respuesta efectiva y sostenible a lo largo de todo el proceso de atención.
En este contexto, pacientes, familiares y representantes del Frente de Pacientes Renales realizaron un plantón simbólico simultáneo en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Babahoyo, para llevar esta problemática al espacio público y llamar la atención sobre las condiciones que enfrentan miles de personas que dependen de estos servicios.
Las sillas representaron a quienes actualmente necesitan diálisis, a personas que enfrentan enfermedades que podrían evolucionar hasta requerir terapia de reemplazo renal y a pacientes que han perdido la vida en medio de las dificultades que atraviesa el sistema sanitario.
Otro de los factores que preocupa al sector es la deuda acumulada del Estado con las clínicas y centros que prestan servicios de diálisis, que bordea los USD 400 millones, según cifras difundidas por representantes y especialistas.
Los pagos pendientes ejercen presión sobre la sostenibilidad de los prestadores que forman parte de la red de atención y generan preocupación respecto de la capacidad del sistema para mantener los servicios en el tiempo.
Para los especialistas, asegurar las sesiones indicadas y el acceso a los medicamentos es determinante para controlar la evolución de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones.
Por ello, los participantes de la jornada plantearon que la respuesta institucional debe ir más allá de atender las obligaciones económicas pendientes y avanzar hacia una política integral de salud renal que garantice prevención y diagnóstico oportuno, diálisis segura y continua, acceso a medicamentos, atención especializada, fortalecimiento de los procesos de trasplante y un esquema de financiamiento que permita sostener y garantizar la atención de los pacientes.
La sociedad civil busca mantener el sector de la salud y principalmente la renal en la agenda pública y llamar a las autoridades a adoptar medidas que respondan tanto a las necesidades de quienes actualmente dependen de estos procedimientos como a la prevención de nuevos casos.
“20.800 historias. Una espera que no puede continuar” resume el pedido para que ninguna persona tenga que esperar para recibir un tratamiento del que depende su vida.